David Cantarero (IDIVAL) analiza para El GlobalFarma cuál es la situación actual de los aranceles en el sector tras los últimos acontecimientos.
La industria farmacéutica vive en un estado de máxima alerta ante la agresiva campaña regulatoria y comercial de Donald Trump. Su objetivo es claro y lo ha repetido en varias ocasiones: obligar a las compañías a fabricar en suelo estadounidense y reducir drásticamente los precios de los medicamentos para los ciudadanos de EEUU. Esta estrategia, calificada por los expertos como «agresiva», ha generado una enorme incertidumbre en todo el sector. «El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y EEUU pagará mucho menos», afirmó el presidente estadounidense.
Hace unos días, el presidente de EEUU firmó una proclamación que habilita la imposición de aranceles de hasta el 100% a medicamentos patentados y a sus ingredientes farmacéuticos activos (API), en función del grado de compromiso de las compañías con la política de precios y relocalización industrial de su Administración.
El texto establece un esquema escalonado que vincula directamente la carga arancelaria a la firma de acuerdos con el Gobierno. En este sentido, las farmacéuticas que alcancen compromisos en materia de precios —incluidos mecanismos de “nación más favorecida” (MFN)— y presenten planes aprobados de producción en territorio estadounidense podrán acceder a un arancel del 0%.
En un segundo nivel, las compañías con planes de relocalización validados, pero sin acuerdos completos de precios, afrontarán un gravamen inicial del 20%, que se incrementará progresivamente hasta el 100% en un plazo de cuatro años. Para el resto de productos incluidos en el anexo de la proclamación, se aplicará directamente un arancel del 100%.
La entrada en vigor de las medidas se producirá de forma escalonada: el 31 de julio de 2026 para un primer grupo de compañías y el 29 de septiembre de 2026 para el resto. Paralelamente, la Administración ha instruido a los departamentos de Comercio y Salud a intensificar las negociaciones con la industria para cerrar acuerdos que permitan reducir la exposición arancelaria. El Ejecutivo deberá recibir una actualización del estado de estas conversaciones en un plazo de 90 días.
Para conocer el alcance de la proclamación firmada recientemente por Trump y su impacto en el mercado farmacéutico, David Cantarero, catedrático de la Universidad de Cantabria e investigador principal del Grupo de Investigación en Economía de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), explica a El GlobalFarma que la situación se comprende mejor si se analizan distintos planos: industrial, económico y geoeconómico.
En primer lugar, desde el plano industrial y estratégico, Cantarero señala que «la proclamación no es solo una medida comercial basada en aranceles; en la práctica combina tres dimensiones clave: política industrial, regulación de precios y estrategia geoeconómica». Ante este escenario, confirma «esto la convierte realmente en un cambio de régimen más que en un ajuste incremental, algo poco habitual en un sector farmacéutico tan previsible».
Desde el punto de vista económico, explica que la medida responde a problemas estructurales reales.«EEUU lidera la innovación farmacéutica a nivel mundial, pero depende en gran medida de terceros países para la fabricación de medicamentos y, especialmente, de ingredientes farmacéuticos activos», indica Cantarero. Según el experto, «esta desconexión entre innovación y producción supone un riesgo importante en términos de seguridad nacional, especialmente en contextos de crisis o tensiones geopolíticas». Por ello, afirma que la medida busca «corregir esta vulnerabilidad incentivando la relocalización industrial y reforzando la resiliencia del sistema sanitario».
Cantarero también destaca la dimensión de precios internacionales:«Tradicionalmente, EEUU ha asumido una parte desproporcionada del coste de la innovación, mientras que otros mercados, como Europa, aplican mecanismos de control de precios mucho más estrictos. La introducción de esquemas tipo ‘Most Favored Nation’ pretende forzar una auténtica convergencia de precios a nivel global, redistribuyendo así el coste de la innovación entre países».
En cuanto al plano geoeconómico, el experto explica que «el uso explícito del poder de mercado de EEUU es estratégico». «Al ser el mercado farmacéutico más rentable del mundo, el gobierno puede utilizar el acceso a este mercado como herramienta de negociación», argumenta. Además, añade que «las compañías que no se alineen con los objetivos de precios y producción podrían enfrentarse a aranceles de hasta el 100%, lo que actúa, en la práctica, como una barrera casi prohibitiva».
Cantarero advierte sobre los riesgos a corto plazo:«Un arancel de este nivel puede generar disrupciones importantes en la cadena de suministro, dificultando el acceso a determinados medicamentos y provocando posibles desabastecimientos, especialmente en productos complejos como biológicos o terapias avanzadas». Y añade: «La transición hacia una mayor producción doméstica no es inmediata y requiere inversiones y tiempo».
El experto también destaca una tensión interna en el diseño de la medida: «Por un lado, se busca reducir los precios de los medicamentos; por otro, se incentiva la producción en EEUU, donde los costes son más elevados. Esta combinación puede comprimir los márgenes de la industria y afectar la rentabilidad del sector».
Sobre el impacto en la innovación, Cantarero señala que «una reducción sostenida de los ingresos podría traducirse en menor inversión en investigación y desarrollo, especialmente en pequeñas y medianas empresas biotecnológicas que dependen de precios elevados en el mercado estadounidense para financiar sus ‘pipelines’».
A nivel internacional, advierte que «es previsible un aumento de las tensiones comerciales«. En este contexto, explica que «actores como la Unión Europea podrían verse presionados a modificar sus políticas de precios, y podrían cuestionar la legalidad de estas medidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, especialmente por el uso extensivo del argumento de seguridad nacional».
En términos de impacto por actores, Cantarero explica que«las grandes farmacéuticas con presencia industrial en EEUU están mejor posicionadas para adaptarse, mientras que las empresas más globalizadas sin capacidad productiva local parten de una situación más vulnerable«. Según el experto, «las compañías biotecnológicas podrían ser las más afectadas por la presión sobre precios y márgenes». Asimismo, subraya que «Europa se enfrenta a un dilema complejo entre mantener sus sistemas de control de precios o adaptarse a las nuevas exigencias del mercado estadounidense».
Finalmente, desde una perspectiva estratégica global, Cantarero afirma que«esta medida se inscribe en una tendencia de desglobalización selectiva en sectores estratégicos. Al igual que ocurrió con semiconductores o energía, el sector farmacéutico pasa a considerarse un ámbito crítico en el que los países buscan recuperar control y autonomía».
Por último, concluye que «se trata de una política con objetivos estratégicamente coherentes, como reforzar la soberanía sanitaria y corregir dependencias externas, pero con una implementación potencialmente disruptiva. Su éxito dependerá de la capacidad de gestionar la transición sin generar escasez ni desincentivar la innovación». Sin embargo, añade que «es una medida con lógica a largo plazo, pero con riesgos muy altos en el corto y medio plazo».
Por: Ana Sánchez Caja
—Fuente: El Global Farma